El régimen de insolvencia empresarial, vigente en Colombia a partir de la expedición de la Ley 1116 DE 2006, tiene por objeto primordial la protección de la organización empresarial  para el beneficio de los empleados, acreedores, proveedores, garantes de las obligaciones, instituciones financiera, y las entidades del estado. Para ser parte del régimen de insolvencia, la empresa tiene que encontrarse en situación de cesación de pagos, es decir, presentar retrasos en el pago de sus deudas.

Lo anterior, abre la posibilidad a que la empresa sometida al régimen de insolvencia pueda lograr un acuerdo con sus acreedores para el pago de sus deudas, el objetivo es dotar al empresario de los elementos esenciales para la normalización de la compañía, es decir un periodo de gracia, la posibilidad de implementar un plan de negocio y la reducción del costo y gasto financiero.

Es decir que, el proceso de Insolvencia Empresarial está destinado a rescatar  a al deudor, el cual puede ser una EMPRESA, PERSONA NATURAL o PATRIMONIO AUTÓNOMO, que cumplan las siguientes características:

• Ejecución de actividades comerciales
• Presenten dificultades económicas
• Tengan viabilidad financiera y comercial, entre otras.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio a junio de 2019 las empresas que estaban en un trámite de reorganización mostraban las siguientes cifras:

Lo que demuestra que la situación de cesación de pagos no es un circunstancia exclusiva de unas pocas empresas o sectores determinados, sino por el contrario, es la realidad de varios empresarios a nivel nacional.

La reorganización empresarial es una alternativa que busca la solución de las causas que originaron la crisis empresarial y debe asumirse como una oportunidad para salvaguardar la unidad productiva y satisfacer los derechos de los acreedores.