En Colombia, más de 3 millones de personas viven con alguna condición de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 7,1% de la población nacional, según cifras del DANE. A pesar de los avances normativos y los esfuerzos institucionales, las personas con discapacidad (PcD) siguen enfrentando barreras estructurales y culturales que limitan su acceso al empleo formal.
Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 1346 de 2009), el Estado colombiano asumió un mayor compromiso de garantizar el derecho al trabajo en condiciones de igualdad y eliminar las barreras de acceso al mercado laboral. Recientemente a través de la Ley 2466 de 2025 se establecieron cuotas obligatorias de contratación para empresas medianas y grandes, con el fin de generar un impacto con el fin de reducir las dificultades en el acceso e inclusión laboral frente a las personas que no tienen discapacidad.
Este cambio normativo busca cerrar la brecha de empleabilidad, pero también plantea desafíos para los empresarios. La inclusión no se limita a contratar: implica ajustes razonables en infraestructura, procesos de selección, capacitación, evaluación y tecnologías accesibles.
¿Y los beneficios para las empresas?
En compensación, al contratar personas con discapacidad no solo aportan a la diversidad y cultura institucional, sino que también puede obtener beneficios económicos, por ejemplo, pueden tener una deducción del 200% en el impuesto de renta sobre salarios y prestaciones sociales pagadas a trabajadores con discapacidad comprobada (Ley 361 de 1997) y tienen mayor puntuación en licitaciones públicas si en la nómina está conformada por PcD.
Una historia que revela la realidad
Recientemente, durante una clase un profesor, abogado con especialización y con plena capacidad para ejercer sus funciones, compartió su experiencia como contratista en una entidad pública. A pesar de su desempeño, su jefe comenzó a reducirle progresivamente las asignaciones, hasta que no pudo reportar entregables. Finalmente, su contrato fue terminado. Hoy, ejerce como independiente, no por elección, sino por falta de garantías reales de inclusión en el mercado laboral formal.
Este caso no es aislado. Refleja cómo, a pesar de las políticas públicas, la inclusión efectiva aún no se materializa en muchas organizaciones. La protección legal, aunque necesaria, también genera incertidumbre entre los empleadores sobre cómo manejar situaciones laborales sin vulnerar derechos ni comprometer la sostenibilidad empresarial.
¿Compromiso social o cumplimiento normativo?
La inclusión laboral de personas con discapacidad no debe ser solo una obligación legal. Es una oportunidad para construir entornos más diversos, humanos y productivos. Pero para lograrlo, se necesita voluntad, formación, acompañamiento y diálogo entre el Estado, las empresas y la sociedad civil.
Ante las inquietudes, tanto para empleadores como para trabajadores, siempre será recomendable contar con la asesoría de un abogado laboralista, que pueda orientar sobre los límites legales, los derechos de las partes y las mejores prácticas para evitar situaciones de discriminación.
Tu como empresario, qué retos has encontrado o consideras puedes enfrentar al contratar PcD y, ¿cómo los enfrentarías?
